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Joaquín Jarrín
Miércoles, 19 de abril de 2017

El agua, la clave para la supervivencia

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El consumo del agua en la agricultura está actualmente generando grandes tensiones en el mundo. Además del continuo incremento de la población mundial, los países emergentes están mejorando su nivel de vida, están consumiendo mayores cantidades de alimentos y por lo tanto necesitan cantidades crecientes de agua para su producción. Por otro lado, las regulaciones agrarias y medioambientales están limitando la producción agraria en los países desarrollados, generando un flujo de superficies dedicadas a la producción agraria hacia los países emergentes. Finalmente, los nuevos usos no alimentarios de los productos agrarios (energía, productos de síntesis) implican una presión adicional importante sobre la agricultura y sobre el agua que la nutre. Estos factores anuncian una presión creciente para racionalizar el consumo del agua en el regadío, que exigirá mejores políticas de gestión y más tecnología para poder alimentar a la creciente población mundial.

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España es el país del mundo con más embalses por habitante y aun así tenemos problemas de escasez de agua y la seguimos despilfarrando. Entre las medidas más importantes y que destacaría por encima de todo consistiría en incentivar el ahorro en los hogares, en la industria, mejorar los sistemas de regadíos. La subida del precio del agua es también una buena solución ya que estamos acostumbrados a que aquello que es gratis no cuesta o no lo valoramos, es un recurso muy escaso y valioso.

 

El consumo del agua no explica por completo la problemática del regadío. Cuando se riega un cultivo, se aplica una cantidad de agua superior a la que éste consume. Esto es así porque los sistemas de riego nunca son completamente eficientes. Además, es necesario que una cierta cantidad de agua circule a través del suelo y arrastre sales y otros compuestos. Así se evita la acumulación excesiva de contaminantes, naturales o antrópicos, en el suelo. Por lo tanto, el regadío siempre usa más agua que la que consume, y el agua aplicada y no consumida vuelve al río o al acuífero (lo que se llama “aguas de retorno del riego”), y lo hace con una pérdida de calidad. La contaminación de las masas de agua por sales, fertilizantes y pesticidas provenientes del regadío es un problema creciente en muchas áreas del mundo, y el seguimiento y remediación de esta contaminación agraria es un objetivo científico de primera magnitud.

 

Desde los distintos gobiernos y muchas Comunidades de Regantes están dando total prioridad a mejorar la gestión del agua, y por lo tanto, a modernizar los regadíos. Potenciar la reutilización de las aguas depuradas, y controlar mejor el uso y la calidad de esta, junto con un precio real del agua debería reflejar sus verdaderos costes, de acuerdo con la legislación europea, y así favorecería un uso mucho más eficiente del agua.

 

Las Comunidades Autónomas y las Confederaciones Hidrográficas, así como los sectores relacionados con la agricultura de regadío (en particular los usuarios del agua y las Comunidades de Regantes) necesitan del soporte continuo de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i).

 

España ha tenido una tradición escasa en investigación, desde la implantación de la Directiva Marco Europea del Agua se está creando una mayor cultura de apoyo científico al diseño de políticas de agua y a la evaluación de su impacto. Por otro lado, al haberse casi eliminado los Servicios de Extensión Agraria, con frecuencia los equipos de investigación han asumido las tareas de asesoramiento directo al regante, y han dedicado esfuerzos importantes a la transferencia de conocimientos, en los últimos años apoyándose generalmente en las nuevas tecnologías de la información.

 

A pesar de las evidentes carencias hídricas, este país es uno de los más derrochadores de agua de Europa. Se distribuye y se utiliza mal, lo que origina una pérdida importante de recursos que repercute en la economía y en la sociedad.

 

La orientación actual de las políticas de I+D+i en España y Europa incide en la innovación como fuente de empleo y desarrollo económico. Este empeño necesita más cultura de cooperación tanto en la investigación pública como en el sector privado. Sin duda es un reto de gran importancia que exige grandes esfuerzos. La política de modernización de regadíos impulsada en España desde principios de siglo ha generado mucha innovación en las comunidades de regantes y empresas punteras en el ámbito del regadío: construcción, tuberías, bombeos, hidrantes, filtrado, electrónica, software, etcétera.

 

Actualmente hay una disponibilidad de agua de unos 2.800 m3 por persona/año, superior a muchos países europeos. El problema principal es que su distribución por las distintas regiones del país es muy irregular y en algunas zonas secas tienen una escasez crónica.

 

Los españoles consumimos una media de 165 litros por habitante/día. Castilla la Mancha es la región que más consume, mientras que Galicia y Baleares presentan los consumos más bajos de todo el país.

 

Ya toca un cambio, el modelo de gestión de los recursos hídricos proviene de la época de Joaquín Costa, que impulsó desde finales del siglo XIX un desarrollo continuado de obras, pantanos, canales, etc.

 

Este modelo tiene su apogeo tanto en la dictadura de Primo de Rivera, como con la del general Franco. La idea es aprovechar al máximo el agua existente para producir energía eléctrica, tan necesaria en esa época para impulsar el desarrollo del país, como para asegurar el abastecimiento de la población y el regadío, en un país tan atrasado y que mayoritariamente era agrícola

 

Como consecuencia de esta política de obras y de oferta continua, nuestro sistema hídrico se está convirtiendo cada vez más vulnerable e insostenible. La demanda de agua crece a un ritmo del 13% anual, a pesar de seguir disponiendo de los mismos recursos hídricos, unos 360.000 hm3 potenciales. Sólo son aprovechables directamente el 9%, presentando el 91% restante, grandes dificultades de utilización.

 

Este caudal limitado que se dispone, está condicionado por una orografía muy complicada y un régimen pluviométrico muy irregular, que divide radicalmente a la península entre la franja húmeda del norte cada vez más escasa y el resto seco.

 

La cultura despilfarradora se asienta en un círculo vicioso. Por un lado, la inexistencia de normativas que fomenten el ahorro, y por el otro a una política institucional que se basa en el aumento continuo de la demanda, con un desconocimiento de la existencia de tecnologías ahorradoras que permitan hacer un uso más eficaz del agua en el hogar, pero sobre todo en la agricultura. La continua extensión del regadío es otro de los problemas que afecta gravemente a nuestro sistema hídrico. El desmesurado incremento de las urbanizaciones que recoge a los casi cincuenta millones de turistas que nos visitan anualmente. Sirva como ejemplo, que estos utilizan una media de 235 litros de agua por persona/día, mientras que la población española lo hace en 165 litros/día. Es un punto de presión más en el débil sistema hídrico.

 

Es evidente, que se deben de cambiar las reglas del juego económico en el tema del agua para hacer posible el paso desde LA ECONOMÍA DE LAS OBRAS hacia LA ECONOMÍA DEL RECURSO, más acorde con los intereses de la mayoría. La vieja política regeneracionista de Joaquín Costa, que en su época fue eficaz, debe de dar paso a una nueva política hidráulica.

 

Hay dos modelos de gestión del agua: por un lado, el que juzga prioritario llevar el agua al terreno en el que se genera riqueza. Por otro, se considera que cualquier proyecto económico debe asentarse previamente sobre sus propios recursos. Ambos planteamientos están condicionados, porque piensan que no se puede desatender los cultivos más rentables, y no ignora que el aumento del precio del agua a su coste arruina a parte de la agricultura que es poco rentable y contribuye a la despoblación rural.

 

Tras las nuevas directivas comunitarias 2000/60, los políticos españoles han tenido que familiarizarse con términos y conceptos como “eco hidrología”, “régimen ambiental mínimo”, “sostenibilidad hidrológica”, “hidrodiversidad” que son de uso corrientes entre los expertos. La fórmula, que las autoridades comunitarias señalan para conseguir un uso eficiente del agua, es que el consumidor pague el coste de la conducción, es decir amortice su realización y además se le añada el coste medio ambiental.

 

En la actualidad, el importe medio que se paga por el agua potable es de 1,1 euros por metro cúbico. En caso de la no potable se paga 0,38 euros el metro cúbico.

 

El Ministerio de Medio Ambiente incluye estimaciones, para el año 2050, de los efectos que sufriremos con el cambio climático. Según sus cálculos, la temperatura subirá 2,5 grados, las precipitaciones se reducirán un 10% y la humedad del suelo disminuirá en un 30%.

 

Alrededor de la tercera parte del agua que se utiliza en las ciudades y en la industria, y la cuarta parte de la que se emplea en la agricultura son aguas subterráneas.

 

Todos los acuíferos están afectados por problemas de intrusión marina en la costa del Mediterráneo y necesitan una mejora urgente de su explotación, de sus sistemas de control. Es imprescindible permitir que se recarguen antes de seguir explotándolos, pues al bajar su nivel hace que entre agua del mar, lo que impide su explotación.

 

Existen en el país más de 11.000 puntos de análisis de las aguas subterráneas y en 6.000 de ellos hay controles periódicos de su calidad.

 

El problema más importante que tenemos en nuestras aguas subterráneas son los altos niveles de concentración de nitratos. El límite máximo permitido por la ley es de 50 mg/l para el abastecimiento de la población. En más de un millar de municipios, que suponen una población de más de dos millones de habitantes, situados mayoritariamente en la zona costera mediterránea se han detectado cantidades superiores a esa cifra.

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